Autoridad y Soberanía

InicioPrev | Prox

En la actualidad hay dos reclamos de soberanía sobre Puerto Rico. El primero es del gobierno de los EUA a través de la Cláusula Territorial como Estado administrador. La segunda es el reclamo de su soberanía del pueblo de Puerto Rico como derecho inalienable bajo el Derecho Internacional Público. Estos dos reclamos están en clara oposición. El que predomina en nuestra realidad, lo hace, no porque sea legítimo sino porque es impuesto a la fuerza y sin el consentimiento de los gobernados (el pueblo de Puerto Rico), en una relación desigual de poder.

El reclamo por el gobierno de EUA de la soberanía sobre Puerto Rico es ilegal y niega los derechos fundamentales del pueblo de Puerto Rico. Un reclamo ilegal es ilegítimo, inmoral y antiético. El reclamo y las acciones (así como falta de acción) de los EUA no están basados en el Derecho Internacional, sino que es una violación manifiesta de los derechos humanos del pueblo de Puerto Rico, que en el ejercicio de su soberanía puede declarar nulo “ab initio” (desde su origen) el reclamo de los EUA.

Por otro lado, se encuentra el reclamo del pueblo de Puerto Rico a su derecho inalienable a la libre determinación y soberanía. Ese derecho inalienable es reconocido por las Naciones Unidas en los siguientes términos:

“…todos los pueblos tienen un derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional…”1

Para ser sumamente claros en cuanto a las responsabilidades del Estado administrador y los derechos del territorio no autónomo, reproducimos el “El principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos”2,

“En virtud del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, todos los pueblos tienen el derecho de determinar libremente, sin injerencia externa, su condición política y de procurar su desarrollo económico, social y cultural, y todo Estado tiene el deber de respetar este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta.

Todo Estado tiene el deber de promover, mediante ac­ción conjunta o individual, la aplicación del principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos, de conformidad con las disposiciones de la Carta, y de prestar asistencia a las Naciones Unidas en el cum­plimiento de las obligaciones que se le encomiendan por la Carta respecto de la aplicación de dicho principio, a fin de:

a) Fomentar las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados; y
b) Poner fin rápidamente al colonialismo, teniendo de­bidamente en cuenta la voluntad libremente expresada de los pueblos de que se trate

y teniendo presente que el sometimiento de los pueblos a la subyugación, dominación y explotación extranjeras consti­tuye una violación del principio, así como una denegación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta.

Todo Estado tiene el deber de promover, mediante acción conjunta o individual, el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y la efectividad de tales derechos y libertades de conformidad con la Carta.

El establecimiento de un Estado soberano independiente, la libre asociación o integración con un Estado indepen­diente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.

Todo Estado tiene el deber de abstenerse de recurrir a cualquier medida de fuerza que prive a los pueblos antes aludidos en la formulación del presente principio de su derecho a la libre determinación y a la libertad y a la independencia. En los actos que realicen y en la resistencia que opongan contra esas medidas de fuerza con el fin de ejercer su derecho a la libre determinación, tales pueblos podrán pedir y recibir apoyo de conformidad con los propósitos y principios de la Carta.

El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene, en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la del territorio del Estado que lo adminis­tra; y esa condición jurídica distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho de libre determinación de conformidad con la Carta, y en particu­lar, con sus propósitos y principios.

Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta ac­ción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados sobe­ranos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descrito y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color.

Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país.”

Queda claro que el reclamo que tiene supremacía frente al Derecho Internacional y la protección de los derechos humanos fundamentales es el derecho inalienable a la soberanía y libre determinación del pueblo de Puerto Rico. Este derecho inalienable a la soberanía es la única autoridad necesaria para que el pueblo de Puerto Rico determine su futuro, y el mismo está sobre cualquier ley y cualquier constitución.

Por tanto, no es necesario para la descolonización de Puerto Rico que el Congreso de los EUA le transfiera su soberanía, pues la misma, bajo el Derecho Internacional Público, radica en el pueblo de Puerto Rico. No es necesario porque esa auto-adjudicación del gobierno de los EUA de la soberanía de Puerto Rico es ilegítima. Si el gobierno de los EUA la transfiere dentro de su estructura constitucional y dicha transferencia está basada en la libre determinación del pueblo de Puerto Rico, entonces se obtiene una alternativa para descolonizar a Puerto Rico. Pero si el pueblo de Puerto Rico hace un ejercicio de su soberanía y libre determinación, no es prerrequisito que se lleve a cabo acción dentro de la estructura constitucional de EUA, Estado administrador de la colonia.

InicioPrev | Prox


  1. (ONU, 14 dic. 1960) Resolución 1514 (XV) de 1960.↩
  2. (ONU, 24 oct. 1970) Resolución 2625 (XXV), “Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas” del 24 de octubre de 1970.↩