Negación de Derechos Humanos Fundamentales

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El hecho de que a Puerto Rico se le sitúe bajo la Cláusula Territorial de la Constitución de los EUA como territorio, significa bajo el Derecho Internacional Público que somos un territorio no autónomo, administrado por los EUA. Es decir, que somos una colonia. Significa también que un Estado miembro de las Naciones Unidas tiene un territorio no autónomo, en violación del Derecho Internacional Público. Esto implica que mientras EUA trate a Puerto Rico como un territorio suyo, sujeta al pueblo de Puerto Rico a una “subyugación, dominación y explotación”, y reniega su responsabilidad de tomar “inmediatamente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos de esos territorios, sin condiciones ni reservas1. EUA actúa contrario al Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Público establece que la posesión de una colonia,

“…constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales”2.

Las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) presentan las disposiciones sobre el tema, clarifican y detallan los derechos de los pueblos, las responsabilidades de los Estados administradores y los remedios disponibles para reparar la ilegalidad de los regímenes coloniales. Los EUA no están cumpliendo con sus responsabilidades, lo cual es un comportamiento ilegal. Los EUA están legalmente obligados a cumplir con el Derecho Internacional al ser signatario de Tratados sobre los derechos de los pueblos y los derechos humanos.

Los EUA ratificaron la Carta de las Naciones Unidas3 el 8 de agosto de 1945. Dicho documento de la ONU dispone en su Capítulo I, Artículo 1, que la ONU tiene como propósito “fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”. También, el Capítulo XI, Artículo 73, de la Carta de las Naciones Unidas establece que,

“Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan como un encargo sagrado la obligación de promover en todo lo posible, dentro del sistema de paz y de seguridad internacionales establecido por esta Carta, el bienestar de los habitantes de esos territorios, y asimismo se obligan:

  1.  a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso;
  2. a desarrollar el gobierno propio, a tener debidamente en cuenta las aspiraciones políticas de los pueblos, y a ayudarlos en el desenvolvimiento progresivo de sus libres instituciones políticas, de acuerdo con las circunstancias especiales de cada territorio, de sus pueblos y de sus distintos grados de adelanto;
  3. a promover la paz y la seguridad internacionales;
  4. a promover medidas constructivas de desarrollo, estimular la investigación, y cooperar unos con otros y, cuando y donde fuere del caso, con organismos internacionales especializados, para conseguir la realización práctica de los propósitos de carácter social, económico y científico expresados en este Artículo; y
  5. a transmitir regularmente al Secretario General, a título informativo y dentro de los límites que la seguridad y consideraciones de orden constitucional requieran, la información estadística y de cualquier otra naturaleza técnica que verse sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de los territorios por los cuales son respectivamente responsables, que no sean de los territorios a que se refieren los Capítulos XII y XIII de esta Carta.”
Los EUA también firmaron, el 5 de octubre de 1977, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos4, y ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 8 de junio de 1992. Ambos documentos disponen en sus respectivos Artículos 1, que

“Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.”

El carácter colonial de Puerto Rico y el incumplimiento por parte de su Estado administrador, los EUA, también están ampliamente documentados en las resoluciones adoptadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, mejor conocido como el Comité de los 24 o el Comité Especial de Descolonización. En las resoluciones más recientes, suscritas el 22 de junio de 2015 y el 20 de junio de 20165, el Comité Especial de Descolonización expresa lo siguiente:
  1. Reafirma el derecho inalienable del pueblo puertorriqueño a la libre determinación y la independencia, de conformidad con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, y la aplicabilidad de los principios fundamentales de dicha resolución a la cuestión de Puerto Rico;
  2. Reitera que el pueblo puertorriqueño constituye una nación latinoamericana y caribeña que tiene su propia e inconfundible identidad nacional;
  3. Exhorta nuevamente al Gobierno de los Estados Unidos de América a asumir su responsabilidad de acelerar un proceso que permita que el pueblo de Puerto Rico ejerza plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y la independencia, de conformidad y en pleno cumplimiento con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General y las resoluciones y decisiones del Comité Especial relativas a Puerto Rico, y que pueda, de manera soberana, tomar decisiones para atender sus urgentes necesidades económicas y sociales, incluidas el desempleo, la marginalización y la pobreza;

La conclusión a la que debe llegar todo puertorriqueño y puertorriqueña es que EUA, al tratar a Puerto Rico como un territorio suyo, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, confirma con sus acciones que Puerto Rico, es un territorio no autónomo, una colonia, y por ende, le deniega los derechos humanos fundamentales del pueblo puertorriqueño. Esta condición de territorio no autónomo es ilegal en el Derecho Internacional Público y viola los derechos del pueblo de Puerto Rico. Los EUA actúan de forma ilegal, inmoral y criminal al subyugar a un pueblo a una condición colonial y al rehuir a su responsabilidad antes las naciones del mundo. El estatus actual de Puerto Rico colisiona constante y directamente con el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su soberanía y libre determinación.

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  1. (ONU, 14 dic. 1960) Reitera responsabilidades mencionadas en la Resolución 1514 (XV), Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.14 de diciembre de 1960.↩
  2. (ONU, 14 dic. 1960) Resolución 1514 (XV) de 1960.↩
  3. (ONU, 26 jun. 1945) “Carta de las Naciones Unidas” firmada el 26 de junio de 1945 y entró en vigor el 24 de octubre de 1945.↩
  4. (ONU, 10 dic. 1966) Resolución A/RES/220(XXI)A, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.↩
  5. (ONU, 16 jun. 1966) Resolución A/AC.109/2015/L.6, “Decisión del Comité Especial de 23 de junio de 2014 relativa a Puerto Rico” del 16 de junio de 2015 y la Resolución A/AC.109/2016/L.6, “Decisión del Comité Especial de 22 de junio de 2015 relativa a Puerto Rico” del 16 de junio de 2016.↩